La Fiscalía de Bolivia pide seis meses de prisión preventiva para la ex presidenta Jeanine Áñez
Desde la celda donde espera ser trasladada desde el departamento de Beni a La Paz, Jeanine Áñez escribió dos cartas dirigidas a la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitando "el envío de misiones oficiales para verificar el contexto en el que ella y dos de los ministros de su gobierno fueron detenidos, en el marco de una investigación por un supuesto golpe de Estado contra el exgobernante Evo Morales en 2019.
La Fiscalía publicó la acusación formal por "sedición, terrorismo y conspiración" contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses, mientras dure la investigación.
La Fiscalía argumenta que de estar libres los imputados, existe el peligro de fuga porque podrían salir del país, pero también podrían influir en otros implicados o testigos.
El requerimiento, debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas.
La imputación afirma que Áñez asumió la Presidencia de "forma amañada" por considerar que en ese momento aún era vicepresidenta segunda del Senado y rechazando que hubiera sido elegida presidenta del Senado horas antes.
Los principales partidos opositores, de derecha, niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019, tras la dimisión de Evo Morales en medio de una fuerte convulsión social luego de que opositores denunciaran un fraude en las elecciones del mes anterior en las que el líder del MAS buscaba reelegirse, además, exigieron que Áñez sea juzgada por el Parlamento y no por tribunales ordinarios.
Las denuncias de fraude desataron protestas en las calles y motín policial, y en medio de esta convulsión, las Fuerzas Armadas le hicieron a Morales, en el poder desde hacía 14 años, la "sugerencia" de dimitir.
El ministro de Justicia, Iván Lima, rechazó las denuncias opositoras de que hay un manejo político de la fiscalía y señaló que se está actuando a derecho, y que a la expresidenta y ex senadora le corresponde un juicio ante un tribunal ordinario.
Por su parte, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea pidieron que se respeten las garantías del debido proceso y se dé transparencia a todos los procedimientos legales.
