PRIVILEGIADOS Y PERSEGUIDOS
La anécdota, casi un entretenimiento para jugar de cada lado de la grieta, es que Facundo fue despedido de su empleo y alega que es castigado por portación de apellido.
Facundo es D'Elia, hijo del piquetero y dirigente kirchnerista. Fue expulsado de una filial de Anses en Tierra del Fuego. Ocurre que entre los -mínimos- requisitos de ingreso al cargo jerárquico en el que fue designado figura haber completado los estudios secundarios, logro que el joven D'Elia no alcanzó.
Su padre denuncia persecución política: hay 3000 empleados de Anses que no tienen secundario completo -calcula- pero sólo a su hijo lo despiden. Ignora u oculta, que sin estudios podría ocupar el último cargo del escalafón pero no una jefatura de sección.
Una alternativa es aceptar el convite del dirigente pro iraní y permanecer en esas orillas barrosas del debate. Porque le asistirían argumentos matemáticos: 3000 es más que uno y si 2999 permanecen en sus cargos sin problemas, por qué castigar sólo a uno.
La otra posibilidad es olvidarse de los apellidos y la aritmética y observar el desolador bosque que asoma detrás de este raquítico arbolito.
Anses, la Administración Nacional de Seguridad Social, de la que dependen millones de argentinos, cuenta con un ejército de empleados para la atención y prestación de servicios. Maneja un enorme presupuesto, buena parte del cual va al pago de las remuneraciones de su personal. En la normativa y en el relato -exacerbado pero no inventado en la década pasada- se proclama el ingreso por mérito, con requisitos tales como la certificación de estudios medios. Pero todos saben que no era así. Que como en tantos cargos públicos se ingresaba por militancia o por padrinos o novios o familiaridades de distinto grado.
Son empleos sólidos, estables, públicos. Se cobra a tiempo y si no, se hace paro. Se mezclan los esforzados vocacionales y los ñoquis con camiseta y bombo militante. A quienes ni siquiera se les exige que sepan leer y escribir.
¿Cuántos jóvenes de la edad de Facundo darían lo que no tienen por una posibilidad laboral como esa? ¿Cuántos no calificados, como Facundo, que deben resignarse a la changa, a la explotación de la informalidad, podrían reclamar el mismo derecho a un empleo de 60 mil pesos seguros, con aguinaldo, vacaciones y asamblea cuando los criollos no llegan a tiempo? ¿Cuántos egresados de carreras universitarias afines como asistentes sociales o licenciados en administracion no tienen chance ni de presentar un curriculum? ¿Y cuántos jubilados y pensionados que sostienen y dependen de Anses se animarían a soñar con ese ingreso mensual?
D'Elia padre sospecha persecución política contra su hijo porque no se castiga a los otros premiados con sueldos que no les corresponderían. Curiosamente, ni siquiera advierte que también incrimina a su retoño.
En las trágicas jornadas de diciembre del 2013, cuando estimulados por una huelga policial se desataron los saqueos en Córdoba, un cronista de televisión cruzó a una señora que cargaba electrodomésticos en un carrito: ¿por qué se mete conmigo -argumentó la buena ladrona- si todos están robando?.
Argumento de hierro para D'Elia, su hijo Facundo y tantos más, aunque es evidente que no deja de ser un saqueador quien entre muchos saqueadores se lleva lo que no es suyo.
No deja de ser un ocupa ilegal del cargo público, utilizado como bolsa de pagos políticos, quien cobra un sueldo para el que no cumple los requisitos, aunque esté disimulado entre miles que hacen lo mismo.
