LA REPÚBLICA APEDREADA

 

En un episodio grave, el presidente de la República quedó rodeado en su vehículo por una manifestación hostil en Mar del Plata. Aunque está filmado y se ven con nitidez a las personas en actitud agresiva, hasta que esto se redacta nadie ha sido imputado por ese delito.
No es infrecuente que un presidente genere ánimos agresivos en cualquier país del mundo. Lo que no parece razonable es que un primer mandatario quede al alcance de los puños, de las piedras, y eventualmente, de las armas de quienes no exhiben mucha paciencia para esperar las próximas elecciones.
A partir de ese hecho se desata una sucesión de situaciones indescifrables, a cual más desafiante para quien suponga que vivimos una democracia consolidada.
El jefe de la Policía Bonaerense sostuvo que el presidente nunca estuvo en riesgo y que ningún proyectil impactó en su vehículo. Los jefes de la Federal lo contradijeron, calificaron de grave el peligro y establecieron que hubo golpes de puño y piedras contra la chapa y la luneta del auto.
Más aún, un juez federal da por acreditado que la agresión existió, que fue de alto riesgo para la seguridad presidencial y denuncia que tres fiscales se niegan a recibir testimonios y pruebas. Para no andar con eufemismos el magistrado acusa a los fiscales de ser parte de un plan político de desestabilización al gobierno, nada menos.
Ya se sabe que los servicios de inteligencia no dan explicaciones, pero sería interesante conocer quiénes de esos organismos programaron el recorrido del auto oficial.
Por si algo faltaba, una ex sargento de la bonaerense recorre los medios alegando que fue testigo de lo que califica "zona liberada". Que, en su versión, comisarios corruptos le tendieron una trampa a la gobernadora porque les exige declarar sus patrimonios. 
Para completar un escenario surrealista, se realizó un escrache al juez que investiga el episodio en repudio a lo que, alegan, sería criminalización de la protesta. Algo así como reclamar el derecho a apedrear al presidente, apalear gobernadores y como ha ocurrido en países vecinos, de vez en cuando linchar algún alcalde.
Hasta aquí nada es preciso, ni seguro, ni probado.Tampoco se puede descartar nada.
Nos transfieren a quienes no somos jueces, fiscales, espías, policías ni manifestantes la tarea de decidir si es cierto o no que hubo gente organizada, que tuvieron o no zona liberada por la policía bonaerense, si alcanzaron a impactar con piedras y proyectiles el automóvil presidencial, si hubo identificación de los agresores. Si es o no cierto que fiscales se niegan a tomar testimonios o pruebas y, si así fuera, por qué.
Resta, todavía, una pregunta inquietante: ¿por qué en la Argentina el fracaso grosero de la seguridad presidencial mereció menos atención que en la prensa de otros países, que le dieron primeras planas a la crónica asombrada del episodio de Mar del Plata?
Encontrar las respuestas tal vez ayude a entender las profundas, peligrosas debilidades institucionales de nuestro sistema republicano.

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