VIDAS MARCADAS

 Pablo tiene 36 años, es abogado, padre de dos niños y fanático del fútbol. Ha jugado desde chico e intenta hacerlo ahora, con un empecinamiento pariente del coraje: hace un año y medio debieron amputarle las dos piernas.
Ocurrió en enero de 2015. En la ruta nacional 35 que se estira peligrosa y mortal desde Bahía Blanca hasta Río cuarto, diseñada en los 50, pavimentada en los 70 antes de que Pablo naciera y parchada desde entonces.
Su auto no fue embestido por otro vehículo, no fue víctima de la falta de banquinas ni hubo alcohol de por medio. En rigor, técnicamente, Pablo chocó contra la ruta según lo confirmaron las pericias: un charco sobre el asfalto, el "acuaplaning", planchazo del vehículo que se despega y queda fuera de control, el brutal impacto contra un guardrail.
Pablo perdió sus piernas por el estado calamitoso de esa ruta, calificación que aparece en la imputación contra un ex ministro nacional y directivos de Vialidad. Un hecho inédito casi inadvertido en medio de las cataratas de escándalos judiciales: hacer responsables a los funcionarios por la calamidad de las rutas.
En Argentina mueren casi 7.500 personas al año en accidentes viales. Una estadística trágica que impacta en el corazón de la provincia de Córdoba, donde salvo excepciones las rutas son ruletas rusas. No vale la pena bautizar a una en particular como "la ruta de la muerte", casi todas lo son.
Rutas en las que se conduce a ciegas , sin señalización ni líneas divisorias claras de las manos enfrentadas, sin banquinas ni escapes. 
En la imputación por la ruta 35 se establece una lista de irregularidades avalada por la Policía Caminera, tramos sembrados de agrietamientos y baches, ausencia de banquinas, señalización despintada y presencia de animales en las vías. El fiscal de la causa detérmino que se registró un "estado calamitoso" de esos caminos, causa de accidentes mortales. Y le pidió a la Sigen que revise contrataciones que Planificación otorgó a empresas notoriamente asociadas, en la nación y en la provincia, a la corrupción en la obra pública.
Las estadísticas se quedan en ese número atroz de vidas perdidas, no cuentan vidas marcadas, los miles de heridos, deudos o como Pablo, condicionados de por vida.
Este joven abogado cordobés es un ejemplo conmovedor de superación. La clase de gente que no admite límites. Con sus piernas ortopédicas practica todos los días para volver a un campo de fútbol.
Pero la admiración por su coraje no debe ocultar que hubo -que hay- razones evitables detrás de su tragedia. Porque el estado calamitoso de las rutas no se produce sin culpas. Y las culpas no se reducen a la Nacion, alcanzan a los sucesivos gobernadores que prometieron sin límites e incumplieron sin pudores.
No hace falta tener equipos de investigadores judiciales o periodísticos para encontrar la relación entre obscenos bolsos o cajas de seguridad desbordantes de dólares y la falta de inversión que timbea vidas en las rutas.
No se puede hablar sólo de accidentes, hay que hablar de responsabilidades. 
Las zonas más productivas de Cordoba generan riquezas de primer mundo y se las transporta en rutas del quinto. Son décadas de atraso, de falta de inversión, de corrupción que se reflejan en estadísticas de muertes. Con el doloroso agravante de que en esas cifras de espanto, 7.500 vidas al año, no figuran los huérfanos, las viudas, los Pablos, ni siquiera como daños colaterales.

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